lunes, 7 de abril de 2014

Reportan pérdida de 60 mil empleos por regulaciones en centros comerciales

El director Ejecutivo de la Cámara de Comercios de Caracas, Víctor Maldonado, denunció que las regulaciones del Gobierno nacional sobre los arrendamientos en los centros comerciales han producido una baja de 60 mil empleos en la cartera de ese sector, que genera en todo el país unos 600 mil.

 Se refirió a las medidas del Ejecutivo como "una gran morisqueta", por la cual los comerciantes "no saben qué hacer" en torno cómo deberán operar para prestar los servicios tradicionales.

 Reiteró que la solución a la crisis económica del sector reside en que el Gobierno se retire de ese campo y retornen a la dinámica de operaciones anterior. "Había buena relación entre arrendadores y arrendatarios. Eso funcionaba, generaba empleo y daba servicio de buena calidad", argumentó.

 Instó a dejar que esta relación de alquiler se desarrolle sin la intervención del Estado, al cual sugirió "voltear la cara" hacia la inseguridad, el desempleo y multiplicar el parque empresarial por 3, para generar fuentes de trabajo.

Gobierno solicitó aplazar medida de cierre semanal de los centros comerciales

 Aclaró que la suspensión temporal de la medida de cierre de centros comerciales los días lunes, se debió a una solicitud del Gobierno nacional. "Nos pidió algo de tiempo", dijo.

 Un día sin laborar, explicó Maldonado, implicaría pérdida de comisiones para trabajadores de las tiendas, además de una disminución "dramática" de la posibilidad para ofertar productos y servicios.

 "Yo quiero saber qué pasará con los bancos, con los negocios que trabajan 24 horas, los servicios públicos dentro de los centros comerciales. No se puede seguir implementando el populismo del cuero", sentenció.

 La Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) informó colgó en su cuenta de Twitter que el Ministerio de Vivienda, el cual maneja las regulaciones, "reconoció" las condiciones bajo las que opera el sector y revisó las propuestas.

 Maldonado recordó que se mantienen en disposición al diálogo con el Ejecutivo para continuar buscando solución al problema.

Fuente: Globovisión

Ministerio de Vivienda revisa operaciones de los centros comerciales

Según Cavececo, el Gobierno abordó temas cruciales para los comercios

La Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) informó que el Ministerio de la Vivienda está revisando el funcionamiento de los establecimientos.

El organismo a través de su cuenta de Twitter indicó que "en la reunión entre Cavececo y el Ministerio de la Vivienda se abordaron temas cruciales para el funcionamiento de centros comerciales" y añadió que "se espera pronta solución".

Según la organización, "el Ministerio de la Vivienda reconoció las condiciones adversas de centros comerciales y revisó soluciones".

Tras esa reunión que se efectuó el pasado viernes, los centros comerciales acordaron diferir el cierre de los días lunes. En dicho encuentro también se analizó el proyecto de Ley de Arrendamientos de los Locales Comerciales.

En la propuesta ya se contemplan que dos parámetros para la estimación de los cánones de arrendamiento. La propuesta establece precios fijos y precios variables.

Los precios fijos estarían sujetos a un porcentaje del valor del inmueble y para los precios variables se tomaría como referencia un porcentaje de las ventas.

Fuente: El Universal

miércoles, 2 de abril de 2014

Cámara Inmobiliaria de Venezuela solicitará derogar norma de venta de inmuebles con más de 20 años alquilados

 "Se presentará un recurso de nulidad" de la resolución, dijo el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela


La Cámara Inmobiliaria de Venezuela pedirá al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad del decreto que obliga a los dueños de inmuebles alquilados hace 20 años o más a venderlos a sus arrendatarios en un plazo perentorio de 60 días o afrontar multas. 

"Se presentará un recurso de nulidad" de la resolución del Ministerio de Vivienda de Venezuela que se aplica en Cuba y en otros "países comunistas donde no se respeta la propiedad privada", declaró a Efe el presidente de la Cámara, Aquiles Martini Pietri, reseña Últimas Noticias.

El decreto ministerial advierte que la multa inicial a quien no venda su propiedad en el plazo perentorio será de 2.000 Unidades Tributarias, equivalente a 254.000 bolívares, que debe ser pagada en un lapso de cinco días. 

La multa será doblada y si esa cantidad de dinero no se pagaen un lapso de cinco días, "la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda solicitará el embargo ejecutivo correspondiente sobre el inmueble o inmuebles objeto de la multa", señala la resolución ministerial. 

Consultado sobre la hipótesis de que el decreto no pasa de ser una carta política para ser retirada luego en la mesa de un diálogo nacional previsto entre el Gobierno y la oposición, Pietri advirtió que si fuera así "ese diálogo sería un gran engaño".

"Yo quisiera imaginarme que no es así, porque si fuese así esto del diálogo sería un gran engaño. Yo tengo que creer, yo necesito creer que a través del diálogo vamos a buscar y a encontrar la fórmula de hacer viable la Venezuela del futuro", sostuvo. 

El presidente de la Cámara Inmobiliaria admitió que el decreto lo sorprendió, porque se ha reunido en varias ocasiones en las últimas semanas con su autor, el ministro de Vivienda, Ricardo Molina. 

En esas oportunidades "le dije al ministro que la paz y la confianza no se decretan, sino que son consecuencias de actos, comentó. 

"Es complicado de entender que si estamos hablando de mesas de paz, de reencuentro, de buscar formas de hacer viable el país del futuro", haya publicado en la Gaceta Oficial una resolución que "violenta la propiedad privada y los derechos constitucionales", remarcó. 

Explicó al respecto que la Constitución prevé la confiscación y la expropiación con el respectivo pago de una indemnización, pero "no la obligación de vender y de comprar, porque en esta resolución también se está obligando al inquilino a comprar". 

En Venezuela, los edificios para alquilar fueron construidos en la segunda mitad del siglo XX principalmente "por europeos como garantía de rentabilidad en sus años dorados", y las personas afectadas con la medida suman 120.000, dijo Martini Pietri.

Si no pagan los 254.000 bolívares en multas y ven perder sus propiedades, estos entonces "expropietarios no pueden protestar, no hay cómo reclamar a nadie, no tendrán derecho a la justicia porque se trata de actos administrativos", apuntó. 

El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, calificó de "inconstitucional" la norma y alertó de que "muchos de estos edificios los ocupan personas de la tercera edad", a quienes la banca no los considera a la hora de otorgar créditos para que los compren. 

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro, adicionalmente, aún no fija los nuevos valores por metro cuadrado de construcción que deben reconocer el índice inflacionario, que en 2013 fue de 56,2 %, agregó el titular de Apiur. 


Fuente: El Mundo Economía & Negocios

Los inquilinos tienen prioridad para comprar (Créditos: Archivo)