Ytalia Materán pasó un año luchando en la Superintendencia de Arrendamiento de Viviendas para que le devolvieran su apartamento en Nueva Casarapa. Pero este ente, que maneja casi 4 mil casos, apenas le dio a Materán una resolución donde se especifica que ya se agotó la vía administrativa y que ahora le toca ir a tribunales.
"Yo no quiero pasar años ahí. No sé por cuanto tiempo van engavetar mi caso. Tengo un año en la Superintendencia perdiendo tiempo, dinero y salud", lamenta Materán, cuya vivienda principal está ocupada por una inquilina que tiene casa en Río Chico, que no paga el alquiler desde diciembre y que se niega a salir del inmueble.
La Superintendencia de Arrendamiento también mandó a tribunales el caso de Ana Bellini, de 78 años, quien está peleando desde 2009 por recuperar su apartamento ubicado en Bello Campo. El juicio debe llevarse a cabo en un tribunal municipal porque se supone que es un proceso rápido.
"En teoría en dos audiencias se debería resolver el problema. Pero cómo hacemos las personas que vivimos de una pensión para costear los gastos de los tribunales", refiere Materán.
Desde que están luchando para recuperar su vivienda, muchos propietarios han visto su salud deteriorarse. Mientras el apartamento de Bellini está ocupado por un inquilino que no le paga hace más de un año, ella vive una semana en casa de una cuñada y otra semana en la casa de una hermana. Sufre de úlcera, problemas con el riñón izquierdo y se tiene que operar de los dos ojos.
María Elena Navarro, la abogada que dirige la Red de Propietarios con Viviendas en Alquiler, precisa que 73% de los que están peleando por su inmueble son de recursos modestos y no poseen dinero para iniciar una demanda en Fiscalía.
Hay otras piedras de tranca. Navarro pide a la Superintendencia que se centre en conseguir refugios para ubicar a los inquilinos que no tienen a dónde ir. "Eso lo establece la ley. También faltan defensores públicos, pues los propietarios, en su mayoría, no tienen cómo costear un abogado".
Los expedientes que reposan en la Superintendencia de Arrendamiento de Viviendas son responsabilidad de este ente. El 15 de agosto le informaron a Neil Contreras que el suyo se había perdido. "Tengo un año haciendo gestiones en dicha Superintendencia y ahora me salen con que se extravió mi expediente (N 13514 /118). Juegan con tu dinero y con tu tiempo, estamos angustiados", dice Contreras quien vive arrimado con su esposa en la casa de un hermano en el Tuy.
La casa de Contreras en Los Rosales está minada de filtraciones. La estructura de la vivienda (dividida en anexos) está comprometida "y yo no puedo hacer las reparaciones porque los cuatro inquilinos se niegan a salir. Allí ya se han hecho cinco inspecciones por distintos organismos y ninguno me ha dado una solución".
A otros propietarios, como a Edwin Pelayo, le han echado atrás sus procedimientos para que subsanen errores de forma en los documentos. Pelayo tiene tres hijos menores, está desempleado hace ocho meses, y el inquilino, un empleado bancario que vive en su apartamento de Llaguno a Cuartel Viejo, se niega a desalojar el inmueble. "Desde 2008 estoy pasando comunicaciones. He ido más de 30 veces a Arrendamiento y ahora me quieren devolver el expediente (N 15550 12-4) por defectos de forma. Estoy viviendo en un cuarto que me prestó mi hermana".
Navarro destaca que la red de propietarios, sin actos burocráticos pero con negociación, ha logrado resolver casos como el de Carmen García, quien con dos hijas está convive con su inquilina en Santa Teresa del Tuy. "La inquilina trabaja en una panadería y logró comprarse un terreno. Ahora necesita ayuda para materiales de construcción. Hacemos un llamado a las autoridades para que apoyen a la red y se pueden resolver más casos por esta vía".
"Yo no quiero pasar años ahí. No sé por cuanto tiempo van engavetar mi caso. Tengo un año en la Superintendencia perdiendo tiempo, dinero y salud", lamenta Materán, cuya vivienda principal está ocupada por una inquilina que tiene casa en Río Chico, que no paga el alquiler desde diciembre y que se niega a salir del inmueble.
La Superintendencia de Arrendamiento también mandó a tribunales el caso de Ana Bellini, de 78 años, quien está peleando desde 2009 por recuperar su apartamento ubicado en Bello Campo. El juicio debe llevarse a cabo en un tribunal municipal porque se supone que es un proceso rápido.
"En teoría en dos audiencias se debería resolver el problema. Pero cómo hacemos las personas que vivimos de una pensión para costear los gastos de los tribunales", refiere Materán.
Desde que están luchando para recuperar su vivienda, muchos propietarios han visto su salud deteriorarse. Mientras el apartamento de Bellini está ocupado por un inquilino que no le paga hace más de un año, ella vive una semana en casa de una cuñada y otra semana en la casa de una hermana. Sufre de úlcera, problemas con el riñón izquierdo y se tiene que operar de los dos ojos.
María Elena Navarro, la abogada que dirige la Red de Propietarios con Viviendas en Alquiler, precisa que 73% de los que están peleando por su inmueble son de recursos modestos y no poseen dinero para iniciar una demanda en Fiscalía.
Hay otras piedras de tranca. Navarro pide a la Superintendencia que se centre en conseguir refugios para ubicar a los inquilinos que no tienen a dónde ir. "Eso lo establece la ley. También faltan defensores públicos, pues los propietarios, en su mayoría, no tienen cómo costear un abogado".
Los expedientes que reposan en la Superintendencia de Arrendamiento de Viviendas son responsabilidad de este ente. El 15 de agosto le informaron a Neil Contreras que el suyo se había perdido. "Tengo un año haciendo gestiones en dicha Superintendencia y ahora me salen con que se extravió mi expediente (N 13514 /118). Juegan con tu dinero y con tu tiempo, estamos angustiados", dice Contreras quien vive arrimado con su esposa en la casa de un hermano en el Tuy.
La casa de Contreras en Los Rosales está minada de filtraciones. La estructura de la vivienda (dividida en anexos) está comprometida "y yo no puedo hacer las reparaciones porque los cuatro inquilinos se niegan a salir. Allí ya se han hecho cinco inspecciones por distintos organismos y ninguno me ha dado una solución".
A otros propietarios, como a Edwin Pelayo, le han echado atrás sus procedimientos para que subsanen errores de forma en los documentos. Pelayo tiene tres hijos menores, está desempleado hace ocho meses, y el inquilino, un empleado bancario que vive en su apartamento de Llaguno a Cuartel Viejo, se niega a desalojar el inmueble. "Desde 2008 estoy pasando comunicaciones. He ido más de 30 veces a Arrendamiento y ahora me quieren devolver el expediente (N 15550 12-4) por defectos de forma. Estoy viviendo en un cuarto que me prestó mi hermana".
Navarro destaca que la red de propietarios, sin actos burocráticos pero con negociación, ha logrado resolver casos como el de Carmen García, quien con dos hijas está convive con su inquilina en Santa Teresa del Tuy. "La inquilina trabaja en una panadería y logró comprarse un terreno. Ahora necesita ayuda para materiales de construcción. Hacemos un llamado a las autoridades para que apoyen a la red y se pueden resolver más casos por esta vía".
Fuente: El Universal
No hay comentarios:
Publicar un comentario